El lado oscuro del Infoactivismo en latinoamérica 2023

Así como cada año reconocemos al activismo a favor de los derechos humanos más inspirador de la región latinoamericana, también mantenemos una mirada atenta y crítivca a las tácticas usadas por los antiderechos, es decir, aquellos grupos u organizaciones que promueven políticas regresivas o restrictivas en materia de derechos humanos en Latinoamérica. En este recuento anual que llamamos “El lado oscuro del infoactivismo”, identificamos las campañas y tácticas de comunicación con las que los grupos conservadores promueven sus agendas y mensajes. Seis años después, los grupos antiderechos continúan su apuesta con énfasis en contra el derecho al aborto en la región. En 2022 compartimos el informe «Tácticas digitales antiderecho a decidir», un análisis sobre sus tácticas de comunicación, la retórica de sus campañas y cómo aprovechan coyunturas de incidencia, como son los procesos electorales.

En este 2023, los esfuerzos de comunicación antiderechos que consideramos más relevantes son:

• Campaña contra la Corte IDH por el caso Beatriz c. El Salvador
• La película Sound of Freedom
• El pánico moral en torno a los libros de texto gratuiros en México
• Los antiderechos en las elecciones de Argentina
• Respuestas a los esfuerzos antiderechos en México, Costa Rica y Perú

Campaña contra la Corte IDH por el caso Beatriz c. El Salvador

El Salvador en el centro de la lucha por el derecho al aborto

El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que prohíben de manera absoluta el aborto. En 2021, el Estado salvadoreño fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como culpable de violaciones a los derechos humanos de “Manuela”,  sentenciada a 30 años de prisión por una emergencia obstétrica. Desde entonces los grupos  autodenominados “provida” -tanto salvadoreños como internacionales- han mantenido la legislación antiderechos en El Salvador y con ello el atraso en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región y en el mundo. Debido a esto, una de las coyunturas antiderechos más destacables de 2023 en Latinoamérica involucra la problemática prohibición total del aborto en El Salvador.

El 21 de febrero del 2023 se anunció que la audiencia del caso Beatriz c. El Salvador se celebraría el 22 y 23 de marzo de 2023 en la sede de la Corte en San José, Costa Rica. El litigio tiene su origen en el caso de una mujer salvadoreña diagnosticada con lupus e insuficiencia renal que cursaba el embarazo de un feto anencefálico sin posibilidades de vida extrauterina; y a la que en 2013 el Estado salvadoreño le negó un aborto terapéutico. Por esa razón, el 5 de enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Beatriz c. El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Antes de anunciarse la fecha de las audiencias en la Corte IDH, la organización antiderechos basada en EE. UU. Global Center for Human Rights (GCHR) lanzó desde el 28 de diciembre de 2022 una campaña para instalar la narrativa de que la resolución de la Corte IDH sería “el próximo Roe v. Wade”, enfocada en  recaudar fondos para generar una campaña de incidencia orientada contra la Corte IDH y de este modo capitalizar el optimismo antiderechos por la reciente revocación de la sentencia Roe v. Wade en EE.UU. 

La campaña de ataque contra el caso Beatriz en la Corte IDH puede resumirse en los siguientes aspectos:

• Presuntamente inició con una campaña de emailing y a partir de ahí recaudar fondos a través del sitio web NoNextRoe https://nonextroe.com/es/ 
• Cabildeo con líderes políticos y empresarios antiderechos de la región, en anticipación a la coyuntura de las audiencias ante la Corte IDH.
• Incidencia política directa con el gobierno de El Salvador; organizaciones “provida” ofrecen asesoría jurídica y apoyo técnico al gobierno salvadoreño, rumbo a la audiencia ante la Corte IDH.
• Lanzamiento de un sitio web dirigido a presionar y desacreditar a la Corte IDH, “firmado” por la coalición de organizaciones “provida” impulsada por GCHR:  https://www.casobeatriz.org/ 
• Difusión de los contenidos de la campaña mediante redes sociales y mensajerías instantáneas dirigidas a públicos religiosos. Los contenidos se caracterizaron por ser desinformativos y atacar a las organizaciones que acompañaron, litigaron y acuerparon el caso de Beatriz como a la propia CIDH y a la Corte IDH.

• Movilizaciones y acciones mediáticas de presión a la Corte IDH, incluyendo manifestaciones públicas frente a las oficinas de la Corte, y mensajes de presión durante la transmisión de la audiencia en el canal de YouTube de la Corte IDH.
• Junta de firmas en plataformas antiderechos Citizen Go y Actívate, para presionar a la Corte IDH en torno a su resolución del caso Beatriz.
• La narrativa de estos ataques se centró en negar las afectaciones a la vida y a la salud de Beatriz; argumentar que el aborto terapéutico es eugenésico y discriminatorio; además de tener un encuadre condesendiente hacia Beatriz y su familia, señalando que fueron víctimas de manipulación por parte de organizaciones defensoras del derecho a decidir, lo que acarreó ataques directos de discurso de odio dirigido contra los individuos y organizaciones visiblemente involucrados en la defensa de Beatriz. Una parte importante de la campaña se organizó bajo el hashtag #QuienEsBeatriz
• GCHR también coordinó ataques a la Corte IDH con influencers antiderechos latinoamericanos como Lupe Batallán, Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta; así como organizaciones “provida” internacionales para difundir contenidos de su campaña. 

• Más de 320 legisladoras y legisladores antiderechos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, México y Uruguay presentaron una Declaración firmada para presionar a la Corte IDH en el contexto de las audiencias que sostuvo el 22 y 23 de marzo.
• Después de las audiencias, hacia finales de marzo, se dió inicio a la tercera fase de la campaña, en donde arreciaron los ataques contra las organizaciones que defendieron a Beatriz y su familia, así como los ataques contra la Corte IDH. Para ello, lanzaron otro sitio web: Beatriz y Leilani, firmado únicamente por el GCHR, que reafirma la narrativa de que el caso es una mentira para imponer el aborto en América Latina.

Campaña de pánico moral contra los libros de texto 

En el contexto del próximo regreso a clases y el inicio del ciclo escolar 2023-2024 en México, había ocurrido una campaña en la que se articulaban quejas contra el nuevo modelo educativo y se pedía que se detuviera la distribución de los libros de texto gratuitos de educación básica editados por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, a partir de esta coyuntura se dió paso a una segunda campaña, encabezada por personas y organizaciones con una notoria trayectoria antiderechos, que se caracterizó por centrarse en generar alarma en torno a los contenidos de educación sexual, bajo la idea de que se trataba de una «imposición de la ideología de género«.

Si bien, el fenómeno del pánico moral en torno a los contenidos de educación sexual no es nuevo en México, en esta segunda campaña destaca no sólo el aprovechamiento de la gran exposición que generó la coyuntura previa sino la coordinación de distintos actores aparentemente no afiliados entre sí, y especialmente el elemento de desinformación con la intención de alarmar a la ciudadanía sobre los contenidos educativos presentes en los libros de texto. A partir de graves acusaciones sin fundamento, se pretendió instalar la narrativa de que los textos y actividades contenidos en los libros de texto eran peligrosos e incluso, que constituían una forma de abuso sexual.

El Frente Nacional por la Familia, una de las organizaciones antiderechos más visibles en México promovió una campaña de firmas bajo el nombre de «¿Ideología de Género OBLIGATORIA para tus hijos?» en la que denunciaban:

Estos libros de texto, no sólo buscan implantar la ideología lgbt, son adoctrinamiento con una narrativa sesgada con destrucción y retroceso del sistema de educación pública a nivel nacional.

Plagado de errores ortográficos, matemáticas mal enseñadas y con errores aritméticos e impresiones confundiendo el triángulo isósceles con escaleno.

Confrontan y dividen al incentivar la lucha de clases al hacer actividades en clases, en la que unos son los opresores y otros los oprimidos. Modifican las actividades para en lugar de hacer “trabajos en equipo” se plantea “trabajo en comunidad” y plantean la resistencia armada violenta como un medio de justicia social.

A pesar de este tipo de acusaciones tan serias, la campaña de firmas de la campaña antiderechos registró menos de 59 mil firmas en total, mientras que la campaña original en contra del modelo educativo registró casi 230 mil.

La primera campaña generó mucha mayor adhesión en términos de firmas en plataforma de petición.

Sound of freedom, la película

Está película producida por el ex actor y figura antiderechos Eduardo Verástegui se basa en la historia -supuestamente real- del agente estadounidense Tim Ballard, que se involucró en la búsqueda de menores secuestrados por tratantes de personas. 

En sí misma, la película pareciera no sostener un mensaje antiderechos, pues se enfoca en dar un mensaje contra la trata de personas, en especial de niños y niñas. Sin embargo, al igual que había pasado anteriormente con la película Inesperado, el filme fue lanzado de manera paralela a una gran campaña de impacto, encabezada por el ex actor y militante antiderechos Eduardo Verástegui. 

Nuevamente las páginas e influencers antiderechos se prestaron a hacerle publicidad a través de la desinformación, en particular argumentando una supuesta censura contra el filme, algo que fue desmentido por el mismo estudio que produjo el filme. Esta táctica -denunciar una inexistente censura- probablemente se orientó a tratar de generar mayor publicidad y expectativa por el estreno, con ayuda del llamado “efecto Streisand”.

La nocividad del filme radica no tanto en su historia, sino en la instrumentalización que le dan sus embajadores. La película aborda un problema real y altamente sensible, que genera respuestas emocionales intensas: la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual. El problema radica en que sus voceros y promotores más notorios (Jim Caviezel, Mel Gibson, Eduardo Verástegui, etc.) han publicado en varias ocasiones, alusiones a la teoría de la conspiración conocida como Q Anon y culpando falsamente de todos los males sociales a una variedad de grupos asociados a lo que ellos llaman “progresismo”: feministas, personas LGBT, activistas, medios de comunicación, etc. lo que es una forma de discurso de odio.

Publicidad electoral encubierta

Verástegui además aprovechó la promoción del filme Sonido de libertad para reunirse con políticos conservadores de distintos países: el papa Francisco, el candidato presidencial Javier Milei en Argentina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala. 

Pocos meses después de estrenarse la película con bombo y platillo, el ex actor antivacunas y negacionista del cambio climático, Eduardo Verástegui, anunciaría su deseo de lanzarse como candidato independiente a la presidencia de México. A pesar de una vistosa gira publicitaria, la recaudación de firmas necesarias para lograr su registro como candidato independiente no logró levantar.

Por último, pero no menos importante: el éxito moderado que tuvo en taquilla (aunque tenemos dudas sobre qué tanta gente realmente la vió en cines) representa un retorno de inversión sumamente eficaz para la causa antiderechos, por lo que podemos esperar aún más cintas propagandísticas y posiblemente nuevos intentos de ingresar a la política electoral.

Los antiderechos avanzan en las elecciones de Argentina

Las elecciones son coyunturas de riesgo

En 2021 Javier Milei decidió lanzarse para competir por un puesto público y ese mismo año fue electo diputado. En 2023 se lanzó a la presidencia por La Libertad Avanza, partido político que él mismo fundó, resultando ganador de la segunda vuelta electoral y con ello, presidente electo de Argentina.

Este político inició su carrera como figura pública como analista económico para programas de TV. Con su estilo beligerante y ofensivo, fue generando un carisma que atrajo a una base importante de seguidores, principalmente hombres jóvenes. Ha destacado también por sus posturas antiderechos pues se ha manifestado en contra del derecho al aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de los derechos laborales y en contra de los derechos sociales como la alimentación, la salud y la educación, pues asegura que deben tratarse como bienes y servicios privados, únicamente regulados por el mercado. También, dentro de su partido ha dado cabida a figuras que niegan, minimizan o justifican los crímenes de Estado cometidos por la última dictadura cívico militar en Argentina.

Creador: Mídia NINJA
Copyright: (CC BY-NC 4.0) Mídia NINJA

Diversos analistas coinciden en señalar que el contexto de la elección fue determinante para su triunfo: varios meses sostenidos de indicadores económicos negativos, especialmente una inflación acelerada. Al menos en parte, es posible entender el resultado electoral en función de un voto de castigo al kirchnerismo y su gestión económica. 

Adicionalmente, la desinformación electoral siguió representando un problema mayor, especialmente porque en los contextos de gran polarización política aumenta la desconfianza en los outlets de medios y la información verificada y contrastada no suele difundirse al mismo paso que la desinformación.

Respuestas a los intentos antiderechos en México, Costa Rica y Perú

México: Campaña de revictimización y odio tras el asesinato de le magistrade Ociel Baena en México.

A partir del anuncio de su muerte en un hecho de violencia, cuentas trolls en redes sociales publicaron las fotos de la sangrienta escena del crimen y aprovecharon para malgenerizarle y atacar a la población LGBT+ en lo que se convirtió en una verdadera oleada de discurso revictimizante y de odio en línea.

Debido a ello, insistimos en la importancia de fomentar buenas prácticas de cobertura informativa, especialmente a la hora de reportar hechos de violencia y discurso de odio

Costa Rica: se logró frenar la eliminación del aborto terapéutico, por ahora

En febrero se anunció que la administración del presidente conservador de Costa Rica Rodrigo Chaves Robles impulsaría un decreto para emitir un nuevo reglamento que eliminaría el aborto terapéutico de la norma técnica, que apenas se había aprobado en 2019 luego de al menos cuatro años después de que el Estado costarricense se comprometiera a ello como resultado de una resolución de la CIDH por los casos de Ana y Aurora. Ante la posible modificación regresiva, organizaciones de derechos humanos respondieron ágilmente con una petición para que se respete el aborto terapéutico en Costa Rica, por medio de la plataforma de firmas Change.org. En abril, finalmente el ministro de Salud de Costa Rica declaró que la norma técnica para el aborto terapéutico no sería modificada por el momento, pero dejó abierta la puerta para que pueda serlo más adelante.

Sin embargo, aún existe riesgo latente de regresión: En enero de este año, se aprobó una moción, dirigida por diputados evangélicos, que concede al proyecto de ley de «derechos del ser humano en gestación» (aprobado en comisión en 2020) cuatro años más de vigencia para ser votado en el pleno. Esta moción hace que el proyecto pueda ser votado en cualquier momento.

Perú: Frente el acoso antiderechos, Promsex sigue defendiendo a las niñas peruanas

En mayo de este año, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 785, que reconoce que la vida empieza en la concepción y no en el nacimiento, lo que pone en peligro el derecho al aborto terapéutico en el Perú, que ya es de difícil acceso como muestran los casos de Mila y Camila, dos niñas embarazadas por violación a las que el Estado peruano les impidió abortar. De ellas, sólo Mila lograría acceder al aborto.

En este contexto, la organización Promsex acudió a la defensa jurídica de las niñas embarazadas que buscaban acceder a un aborto terapéutico y continuó impulsando la campaña regional #NiñasNoMadres. Debido a su activismo en favor de los derechos sexuales y reproductivos, la organización recibió ataques y actos de intimidación por parte de grupos antiaborto. 

Toda nuestra solidaridad y apoyo a Promsex en su crucial trabajo para defender el derecho de las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en Perú.

Por último, proponemos una breve reflexión sobre los grupos antiderechos, para cerrar el año: si bien, han demostrado ser organizados, agresivos, persistentes y con acceso a grandes sumas en financiamiento, adoptar una narrativa de que son un “enemigo todopoderoso” puede ser problemático e incluso, contraproducente. Los antiderechos tienen varios puntos extremadamente débiles: sus contradicciones morales internas, su autoritarismo, su adultocentrismo y su falta de espontaneidad. Podemos hacerles frente.